EL IMPERIO MONTES ESTRADA: ENTRE CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y ACOSO SEXUAL EN LA REGIÓN NORESTE

En el noreste del estado de Guanajuato, el apellido Montes Estrada ha dejado de ser una simple referencia genealógica para convertirse en sinónimo de un cacicazgo burdo. Representa años de opacidad, soberbia, acumulación de riqueza y el descarado acomodo de familiares y vasallos en el servicio público. 

Héctor Teodoro Montes Estrada lleva más de tres décadas viviendo del erario, pero ha sido durante sus casi ocho años al frente de la Delegación Regional II de educación donde su voracidad patrimonialista ha quedado expuesta. La dependencia gubernamental ha sido despojada de su vocación educativa para ser operada como una empresa privada: una agencia de colocación exclusiva para sus incondicionales del municipio de Victoria (donde fue alcalde entre 2015 y 2018) y una caja chica para el beneficio personal. 

El cinismo administrativo con el que se conduce es alarmante. Los recursos públicos, que deberían destinarse a la educación de los ciudadanos, están secuestrados. Un ejemplo que raya en el descaro: anualmente, el delegado se autoasigna contratos por 3.5 millones de pesos para proveer el servicio de internet en las escuelas de la región, operando a través de una empresa que le pertenece.

La privatización de los bienes públicos no termina ahí. La flotilla de vehículos oficiales, arrendada a la controversial empresa GTO Leasing, es utilizada como transporte privado de la familia Montes. Es habitual ver las unidades en Querétaro o en la Peña de Bernal cargando la bicicleta del señor delegado, o transportando a sus hijos, sobrinos y madre los fines de semana. Las llantas de su camioneta particular se renuevan con cargo a los contribuyentes mediante firmas falsificadas de los coordinadores, todo en absoluta complicidad con el Coordinador Administrativo, Rodolfo Prieto Nieto (Hoy encargado de despacho de la Delegación Regional en Dolores Hidalgo), y el jefe de Recursos Materiales, Omar Padrón Nieto (Quien en días pasados se registro como defensor de la patria, la familia y la libertad por San Luis de La Paz, donde descaradamente pretende aspirar a una candidatura). Por si fuera poco, el siniestro de un Nissan Sentra oficial blanco, destrozado por su hijo Héctor Montes González, sigue siendo encubierto por la dependencia.

La red de moches y la venta de plazas

El presupuesto para el mantenimiento menor de las escuelas es otro botín. Directores y supervisores denuncian constantemente obras de pésima calidad, licitadas por el doble o triple de su costo real. Solo un puñado de contratistas accede a estos proyectos, condicionados a entregar su respectivo "moche" al delegado y a Omar Padrón Nieto. La corrupción es tal que hay directivos negándose a firmar actas de recepción ante los precios ridículamente inflados.

Incluso el acceso al trabajo ha sido mercantilizado. En este año fiscal, se otorgaron más de 40 plazas de intendencia en la región. Algunas fueron entregadas como pago de favores a su red en Victoria, y otras fueron vendidas hasta en 80 mil pesos. A esto se suma el daño al erario detectado en las auditorías de 2021 por más de 800 mil pesos, derivado de la construcción de una "barda fantasma" en un preescolar. Hasta la fecha, el recurso no ha sido reintegrado y la sanción brilla por su ausencia.

Acoso, terror laboral y el colapso educativo

Más allá del desfalco financiero, la administración de Montes Estrada está manchada por el hostigamiento. Valerse de una posición de poder para acosar sexualmente a mujeres trabajadoras de la Delegación es un secreto a voces que se mantiene impune gracias al terror y a su carácter visceral y vengativo.

Para blindar estas prácticas, la llegada de la Consejera Jurídica, Karel Ledesma Martínez, ha sido clave. Su función real no es defender a la Secretaría, sino fabricar denuncias ficticias por acoso laboral contra cualquier trabajador que resulte incómodo para el delegado o su hermana, valiéndose incluso de oficios fantasmas presuntamente firmados por el titular de la Consejería de la SEG, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco.

Mientras el feudo opera a la perfección, el sistema educativo de la Región II colapsa. No hay planeación, los docentes faltan a sus jornadas, las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación (USAE) maltratan a la ciudadanía, y no existe un seguimiento real a la mejora del aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Al delegado no le interesa rendir cuentas sobre la educación; su prioridad es el control de sus contratistas.

El verdadero problema, sin embargo, trasciende a una sola persona. Comienza cuando el diseño de las instituciones permite que alguien permanezca tanto tiempo en una posición de poder, que olvida su condición de servidor público y se asume como dueño del cargo.

Cuando un funcionario pasa años sin contrapesos ni consecuencias, no solo ocurre una corrupción económica; ocurre la corrupción del juicio. Se normalizan los privilegios, se confunde la lealtad con la obediencia, se premia la sumisión y se castiga el pensamiento crítico. El cargo público deja de ser un medio para servir y se transforma en un patrimonio personal.

La alternancia y la renovación de liderazgos no son caprichos democráticos; son mecanismos vitales para oxigenar a las instituciones. Ningún gobierno puede aspirar a ser honesto si tolera que sus dependencias se conviertan en cotos de poder familiar. El servicio público exige resultados, transparencia y, sobre todo, saber retirarse a tiempo. El poder debe ser siempre temporal, vigilado y, estrictamente, al servicio de la sociedad.

El turno de la Gobernadora

Hoy, la exigencia de justicia recae directamente en el Ejecutivo Estatal. Es el momento decisivo para que Libia Denisse García Muñoz Ledo haga verdadero honor a su apelativo de "la gobernadora de la gente" con acciones contundentes, no con retórica. Las evidencias del saqueo y el abuso de poder están sobre la mesa, y ante ello, la mandataria enfrenta una disyuntiva histórica e ineludible: o decide mirar hacia otro lado para convertirse en cómplice y protectora de este imperio de corrupción, o asume el peso de su investidura para ser recordada como la mujer que tuvo el valor de desmantelar este feudo y poner fin a la impunidad.

El noreste de Guanajuato ya no tolera más abusos; exige limpieza, legalidad y congruencia. Señora Gobernadora: las instituciones la obligan, la historia la observa y la decisión es estrictamente suya.