NEXT ENERGY: LA JUSTICIA TIENE OTRA OPORTUNIDAD PARA LLEGAR AL FONDO

Por Ramón Rivero González

Durante años, el caso Next Energy permaneció en esa zona incómoda donde suelen estacionarse los asuntos demasiado grandes para desaparecer y demasiado comprometidos para avanzar. Había dinero público de por medio, decisiones tomadas desde el gobierno municipal de Aguascalientes, funcionarios que participaron en ellas, una empresa beneficiada por un contrato de enorme dimensión y preguntas suficientes para justificar una investigación profunda. Lo que faltaba era justamente aquello que ahora parece comenzar a recuperarse: voluntad para seguir el expediente hasta saber qué ocurrió.

La historia nació durante la administración municipal encabezada por Teresa Jiménez. En 2019 se construyó una relación contractual con Next Energy alrededor de un proyecto energético relacionado con el abastecimiento de agua. Con los años, aquella decisión comenzó a ser cuestionada no por una diferencia menor sobre precios o condiciones, sino por el tamaño de los recursos involucrados y por las dudas acerca de aquello que efectivamente recibió el municipio a cambio de lo que estaba pagando.

Después llegaron las denuncias.

Y después, demasiado poco.

El expediente pasó años sin producir las respuestas que correspondían a un asunto de semejante magnitud. Mientras las cantidades crecían y las acusaciones se acumulaban, la justicia parecía caminar con esa parsimonia que tantas veces termina convirtiéndose en la mejor aliada de quienes apuestan a que el calendario consiga aquello que los argumentos no pueden conseguir.

Pero el calendario no debería absolver a nadie.

Ahora la Fiscalía General de la República ha vuelto a mover el caso y eso cambia el escenario. No porque la reapertura convierta automáticamente en culpable a alguna de las personas mencionadas, sino porque devuelve algo que parecía haberse extraviado: la posibilidad de investigar.

Y eso, en México, ya significa mucho.

La pregunta que debe guiar todo el procedimiento es extraordinariamente sencilla: ¿qué pasó con el dinero?

A partir de ahí no hace falta demasiada imaginación. Hace falta contabilidad.

Quién propuso el proyecto. Quién estudió su viabilidad. Quién negoció las condiciones. Quién autorizó el contrato. Quién estampó su firma. Quién verificó el cumplimiento. Quién permitió los pagos. Cuánto dinero salió. Qué servicio se recibió. Qué obligaciones quedaron pendientes. Y, finalmente, quién obtuvo beneficio de cada peso que abandonó las arcas públicas.

Cuando se sigue correctamente esa ruta, los expedientes suelen perder buena parte de su misterio.

El dinero tiene poca vocación para guardar secretos. Siempre deja algún rastro.

Cinco exfuncionarios de aquella administración se encuentran ahora alcanzados por las actuaciones de la Fiscalía. Algunos continuaron después sus carreras dentro de las instituciones de Aguascalientes. Tendrán derecho a defenderse, presentar documentos, combatir decisiones judiciales y demostrar que sus actuaciones estuvieron apegadas a la ley. Ésa es precisamente una de las garantías fundamentales de cualquier investigación seria.

Pero defenderse no significa que las preguntas desaparezcan.

Al contrario.

Quien administró recursos públicos debe poder explicar qué hizo con ellos. Quien autorizó una operación debe poder explicar por qué la autorizó. Quien supervisó un contrato debe demostrar cómo verificó su cumplimiento. Y quien recibió dinero público debe acreditar aquello que entregó a cambio.

No debería existir ningún misterio extraordinario alrededor de algo tan elemental.

Teresa Jiménez era presidenta municipal cuando se tomó la decisión que dio origen a esta historia. Hoy es gobernadora de Aguascalientes. Hasta este momento no existe una imputación de la Fiscalía General de la República en su contra dentro del caso. Ambas circunstancias deben decirse con la misma claridad.

Pero ninguna de las dos debe convertirse en conclusión anticipada.

Ni su antiguo cargo municipal demuestra responsabilidad, ni su actual condición de gobernadora debe colocar una frontera alrededor de la investigación.

Que hablen las pruebas.

Si el expediente demuestra que las responsabilidades terminan en los funcionarios actualmente señalados, ahí deberán terminar. Si demuestra que alguno actuó correctamente, deberá reconocerse. Si aparecen responsabilidades empresariales, habrá que perseguirlas. Y si la reconstrucción de las decisiones conduce hacia arriba, entonces habrá que continuar hacia arriba.

Sin miedo.

Sin venganzas.

Sin consignas.

Y, sobre todo, sin acuerdos para decidir anticipadamente hasta qué puerta puede llegar la justicia.

Porque ése ha sido uno de los grandes problemas de México: demasiadas investigaciones comienzan anunciando que llegarán hasta las últimas consecuencias y terminan descubriendo, misteriosamente, que las últimas consecuencias siempre viven un piso antes de las oficinas importantes.

Next Energy tiene ahora la oportunidad de ser diferente.

La Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy no necesita producir culpables para demostrar firmeza. Necesita producir verdad. Si durante la etapa anterior el expediente perdió impulso, la respuesta no puede ser sustituir una omisión por una persecución. Tiene que ser mucho más sencilla y mucho más poderosa: investigar correctamente.

Y hacerlo completo.

Existe además un elemento que vuelve todavía más interesante el caso: Next Energy no aparece únicamente en operaciones cuestionadas en Aguascalientes. Su nombre también ha estado relacionado con contrataciones polémicas realizadas bajo administraciones de otros partidos en otras entidades y municipios.

Perfecto.

Entonces que tampoco haya excepciones.

Si existen elementos suficientes, que cada operación sea revisada con la misma regla. La legalidad no puede depender de si quien gobernaba vestía de azul, guinda o tricolor. El dinero de los ciudadanos conserva exactamente el mismo valor independientemente de quién haya ganado la elección anterior.

Por eso sería un error reducir Next Energy a una batalla electoral anticipada.

Hay algo mucho más importante en juego.

La posibilidad de que el Estado mexicano demuestre que todavía puede regresar sobre un expediente que parecía condenado al olvido, reconstruir las decisiones, identificar responsabilidades, recuperar lo que corresponda y sancionar a quien deba ser sancionado.

No sabemos hasta dónde llegará.

Precisamente por eso hay que dejarlo llegar.

Quizá después de tantos años algunos habían comenzado a confiar en que Next Energy terminaría convertido en otro de esos asuntos que todos recuerdan, pero nadie resuelve.

El expediente volvió a abrirse.

Ahora falta lo verdaderamente importante:

que esta vez nadie encuentre nuevamente el cajón.